Pero… ¿Quién engañó a nuestro Rey el 2001?
Miércoles, 13 de Febrero de 2008 por MemoriaPersonal

“Nunca fue la nuestra, lengua de imposición, sino de encuentro; a nadie se le obligó nunca a hablar en castellano: fueron los pueblos más diversos quienes hicieron suyo por voluntad libérrima, el idioma de Cervantes”. Discurso pronunciado por el Rey Juan Carlos I en la entrega de los premios Cervantes el 23 de abril de 2001
Está claro que el actual monarca español no elabora sus discursos, si no que lo hace el gobierno, en este caso el culpable total es el Ministerio de Cultura, al que le facilitamos unos cuantos documentos para que no se vuelva a olvidar de la historia de Las Españas.
Pero…
- ¿Ponemos a nuestro monarca a la altura de un locutor de un telediario?
- ¿No se lo lee antes?
- ¿No tiene criterio con toda la larga formación que ha acumulado a lo largo de los años?
- ¿No es un asunto que merezca su atención?
- ¿No debía decir alguna cosa después de ser consciente del error?
Demasiadas preguntas sin respuesta para mi gusto, ahí van los documentos:
“Finalmente mando que la enseñanza de primeras Letras, Latinidad y Retórica se haga en lengua castellana generalmente, donde quiera que no se practique, recomendándose tambien por mi el Consejo a la Diocesanos, Universidades y Superiores Regulares para su exacta observancia y diligencia en extender el idioma general de la Nación para su mayor armonía y enlace recíproco.” Real Cédula de Aranjuez (1768) promulgada por Carlos III.
“en ningún Teatro de España se podrán representar, cantar, ni bailar piezas que no sean e idioma castellano”. Promulgado por Manuel de Godoy, Primer Ministro bajo el reinado de Carlos IV en 1801 mediante las “Instrucciones para el arreglo de teatros y compañías cómicas fuera de la Corte”.
“la Gramática y Ortografía de la Academia Española serán texto obligatorio y único para estas materias en la enseñanza Pública”. Artº 88 de la Ley de Instrucción Pública de 1857 del Ministro de Fomento Claudio Moyano Samaniego, promulgada bajo el reinado de Doña Isabel II. (conocida como Ley Moyano)
“las obras dramáticas que estén exclusivamente escritas en cualquiera de los dialectos de las provincias de España” quedaron prohibidas mediante una Real Orden en 1867, también bajo el reinado de Doña Isabel II.
‘Cuando fui a que me pusieran en comunicación con Manresa, me encontré con esa dificultad. (…) Por eso suplicaba al señor ministro de la Gobernación, que nos tenía ofrecido resolver este asunto, pero se van pasando los días sin hacerlo, que lo resolviera. Difiero de la indicación del señor presidente y espero que no sólo pondrá en conocimiento del señor ministro de la Gobernación mi ruego, sino que personalmente influirá para que sea atendido, lo cual, no sólo le agradeceré yo, sino todos los euskeros y catalanes que han recibido ese latigazo del señor director de Comunicaciones’. Interlocución del diputado Joan Maluquer en el Congreso ante la prohibición gubernativa de las comunicaciones telefónicas y telegráficas en catalán y en euskera en 1896, bajo el reinado de Alfonso XIII.
‘Los maestros y maestras de instrucción primaria que enseñen a sus discípulos la doctrina cristiana en un idioma o dialecto que no sea la lengua castellana, serán castigados la primera vez con amonestación. Si reincidiesen, serán separados del Magisterio oficial’. Artículo 2 de un Real decreto sobre la enseñanza del catecismo de 1902, bajo el reinado de Alfonso XIII.
Artículo 1: ‘Los maestros que proscriban, abandonen o entorpezcan la enseñanza del idioma oficial en aquellas regiones en que se conserva otra lengua nativa, serán sometidos a expediente, pudiendo serles impuesta la suspensión de empleo y sueldo’. Artículo 2: ‘En caso de reincidencia podrá acordarse su traslado a otra provincia donde no se hable más que la lengua oficial’. Real Orden de 1926 fijando sanciones a los maestros bajo el reinado de Alfonso XIII.
Con Miguel Primo de Rivera no se prohibió escribir en idiomas o dialectos, pero “no podrá usarse por las personas investidas de autoridad otro idioma que el castellano”, decía el Real Decreto del dictador.
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